La salud, ¿derecho fundamental?

Al buscar en internet “salud en latinoamérica” se encuentran comentarios como “la salud es un artículo de lujo, lejos, muy lejos de ser un derecho fundamental”, “la vida no importa, importa lo que puedas pagar”, “si no tienes dinero no te atienden”… y es que esto es lo que pasa cuando un continente entero transforma sus sistemas de salud con resoluciones y baja participación ciudadana, dejando en el aire la frase “salud, ¿derecho fundamental? ja!” como un comentario natural.

La mayoría de los institutos de salud pública y seguridad social son proveedores directos de cuidados médicos a sus beneficiarios. En Latinoamérica, muchas de estas instituciones han desarrollado problemas financieros los últimos 20 años. Además, constantemente son atacados por la desigualdad en el acceso al uso del servicio médico, la concentración de centros de salud en ciertas locaciones geográficas, enfocar una cantidad desproporcionada de recursos para uso curativo, casi excluyendo el servicio preventivo, siendo administrativamente bastante pesados y por lo general, ineficientes.

¿Democratización o privatización de la salud?

De algunos años acá, en muchos países latinoamericanos, investigan diferentes métodos para aminorar estos problemas, y en general la respuesta ha sido: La privatización. Países como El Salvador y Colombia optan por la privatización parcial de profesionales especialistas, Perú por un sistema de salud descentralizado y ambulatorio, Nicaragua eligió un acercamiento un poco más adminsitrativo, en el que los beneficiarios deciden si unirse a una entidad certificada pública o privada por un periodo de tiempo, y como representante del individuo, la seguridad social para a la organización un monto. Este último también se presenta en países como Chile.

Se deben tener en cuenta también aspectos políticos y técnicos, al igual que las características de cada mercado, que son quienes moldean estos esfuerzos y pre-condicionan su éxito.

Cuando nos preguntamos «la salud, ¿derecho fundamental?», ¿se igualan las palabras con los hechos?

Miremos el caso particular en Colombia

El pasado viernes 17 de Febrero entró en vigencia la Ley Estatutaria de Salud (1751 de 2015) en Colombia. La cual consagró la salud como un derecho fundamental. Entrará en plena vigencia, al cumplirse el plazo de dos años otorgados para definir con claridad cuáles son las “prestaciones en salud” a las que tienen derecho 49 millones de colombianos.

¿Esto qué quiere decir para los colombianos? Significa que a partir del 17 de Febrero dejó de existir el Plan Obligatorio de Salud (POS) y que también los médicos podrán formular con mayor autonomía, sin restricciones, lo que consideren a sus pacientes.

El paso más importante que se ha dado en lo social, en términos de derechos. Aquí lo que se requiere es la participación de todos los sectores para entender que garantizar el bienestar de toda la población es la base para el desarrollo del país

Esto no significa que los colombianos tendrán un plan de salud ilimitado, es precisamente por esto que durante los dos años siguientes se definirán todos estos puntos por parte del Ministerio de Salud.

Un salud a medias

Félix Nates, el actual director de regulación, costos y tarifas del Ministerio de Salud, asegura que el mecanismo para definir que se incluye, se desarrolló en compañía y asesoría de sociedades científicas y otros entes importantes.

A simple vista suena como una gran idea, como el deber ser de cualquier sistema de salud.

Pero la financiación podría presentar un gran reto. Más allá de todo lo que puedan ser ajustes técnico. Ya que entre las variadas opiniones, la gran mayoría considera que podría convertirse en un desengaño, debido a la falta de recursos y que esto entrará en rigor en un sistema con un claro desequilibrio financiero.

A pesar de que aún no está claro cuánto costaría, algunos estudios entregados por Universidades nacionales y gremios involucrados en salud, estiman que el costo podría superar los 2 billones de pesos colombianos, la cual es una cifra superior a lo cuesta el POS actualmente en la salud. Un derecho fundamental que está siendo arrebatado.

Respecto a ello, la Dra. Liliana Valle, de la Universidad de Antioquia opina que “Si comparamos lo que se asigna en presupuestos y la entrada de dinero, en realidad sí tenemos los recursos suficientes, pero estos deben ser reorientados y más controlados para poder garantizar que efectivamente todos los colombianos puedan ejercer ese derecho a la salud, si es que no se tienen los recursos necesarios por algún motivos, el Estado es quien debe buscar fuentes adicionales de financiación, sobre la base de que este es un derecho fundamental que prima sobre cualquier otro interés”.

Hacer que los pacientes vuelvan a ser el centro de la salud es el deber de todos los profesionales de la medicina con la entrada en vigencia de la ley que la consagra como derecho fundamental. Invita a defender este avance, que “es de todos”.